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México: Congreso de Nuevo León dio a los médicos la libertad de negarse a prácticas que atenten contra sus creencias

La ley aclara que la abstención del servicio es solo si el paciente no está en caso de emergencia y/o riesgo de muerte.

Fotografía: Cuarto Oscuro.


Redacción La Resistencia
2019-10-22 14:53:53


El Congreso de Nuevo León (México) aprobó una reforma a la Ley Estatal de Salud para incoporar una objeción de conciencia a los médicos, lo que les permite negar sus serviciós con base en sus creencias filosóficas, religiosas, morales, humanitarias o políticas.

La ley aclara que la abstención del servicio es solo si el paciente no está en caso de emergencia y/o riesgo de muerte.

Según Forbes, las reformas son sobre el artículo 48 de la ley mencionada. Los legisladores definieron la objeción de conciencia como “la actitud de quien se niega a obeder una orden de autoridad o un mandato lega invocando la exitencia, en su fuero interno, de una contradicción entre el deber moral y el deber jurídico”.

Esto quiere decir que cuando una práctica médica represente una contradicción para las convicciones del profesional de la salud, éste podrá negarse a hacerla.

"Es el derecho consistente en la negativa a realizar determinados actos o servicios derivados de una orden de autoridad o de una norma jurídica cuando estos contradicen los propios principios éticos o morales”, expuso la diputada María Guadalupe Rodríguez Martínez, del Partido del Trabajo (PT).

Al artículo 48 de la Ley Estatal de Salud se le modificó la fracción IV, que quedó de la siguiente manera: “El personal médico y de enfermería que forme parte del Sistema Estatal de Salud, podrán ejercer la objeción de conciencia y excusarse de participar en la presentación del servicio que establece esta ley”. El dictamen fue aprobado con 36 votos a favor y seis en contra.

El lobby LGTB no tardó en pronunciarse en contra, señalando que esta reforma promueve la protección de las creencias personales y religiosas por encima de la salud de las personas.

No obstante, los legisladores argumentaron que la iniciativa aprobada se apega a los tratados internacionales a lo que México está suscritoasí como a la Constitución mexicana en su artículo quinto, el cual dice en su párrafo tercero que “nadie podrá ser obligado a prestar trabajos personles sin la justa retribución y sin su pleno consentimiento”.

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