OPINIóN:

La ONU y la "justicia LGTB”: peligros para la soberanía del Perú

Francisco Ugarteche, periodista pro vida y familia, sobre el peligro que representa la propuesta del congresista LGTBita Carlos Bruce de que una comisión de la ONU se encargue de la reforma judicial.

Fotografía: La Resistencia.


Redacción La Resistencia
2018-08-21 12:45:43


El río revuelto de la justicia que poco o nada ha hecho hasta el momento para encarcelar a los culpables del millonario robo que significa Lava Jato, le da espacio a propuestas descabelladas como la de confiar la reforma judicial a una delegación de las naciones unidas.

La idea es del congresista LGTB Carlos Bruce y por los antecedentes que existen de los organismos de las Naciones Unidas en el Perú, empeñados en programas de control natal, aborto, píldoras del día siguiente, matrimonio homosexual, legalización del consumo de drogas entre otros, no resulta exagerado pensar que lo que se puede venir es la imposición de la justicia LGTB.

Equipos de las naciones unidas (PNUD) manejan la planilla dorada del Estado y de esta manera conoce de cerca a la flor y nata del gobierno, que cobra sus sueldos en esta ventanilla y se convierte fácilmente en cómplice de las políticas que atentan contra la cultura y  costumbres del pueblo peruano.

Confiar a una comisión de las Naciones Unidas la posibilidad que intervenir en el nombramiento de jueces y fiscales, dará paso a una selección de magistrados para que emitan fallos a favor del “matrimonio” gay, el aborto y toda la agenda LGTB que defienden y promueven descaradamente.

¿Para qué preocuparse entonces en aprobar leyes de la agenda ley? Asaltando el poder judicial mediante la comisión reformadora podrán imponer también su agenda en el debate legislativo y ni hablar del ejecutivo, que viola sistemáticamente las leyes contra el aborto o de contenidos educativos, con disposiciones que contradicen las leyes como el mal llamado protocolo de aborto terapéutico.

La corrupción recurre a organismos internacionales para escapar a la intervención de la Contraloría General de la República y comisiones investigadoras del congreso, que ven limitadas sus posibilidades de fiscalización, por los tratados internacionales que los protegen.

Permitir que los responsables de la colonización ideológica que impulsan burócratas de las Naciones Unidas, asuman y manejen la necesaria reforma judicial, será un suicidio cultural y una traición a la cultura y costumbres del Perú.

El día que encarcelen a los cómplices de Odebrecht, recién podrían comenzar a hablar de una reforma judicial que el pueblo reclama. Mientras tanto el poder judicial es un río revuelto por la corrupción.

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