POLíTICA:

#LeyApóstata: El Estado quiere invadir la intimidad del pensamiento y la fe de las personas, por Beatriz Mejía.

Sobre el Proyecto de Ley que modifica la ley de libertad religiosa para regular el establecimiento de las entidades religiosas en el país.

La Resistencia


Redacción La Resistencia
2018-10-01 12:38:32


Por Beatriz Mejía

Abogada pro vida y pro familia y Presidenta del Instituto Educa Bien.

 

Este proyecto de ley que basa sus motivos en recientes sucesos de comisión de delitos por parte de un líder religioso de una iglesia cristiana evangélica adolece del enfoque jurídico penal de la legislación vigente que ya tipifica estos hechos como delitos, cayendo en el error de emitir una disposición legal que vulnera el ejercicio de los derechos inherentes al de la libertad religiosa.

Tales derechos no pueden estar sujetos a examen de institución estatal alguna, por estar en el ámbito de la fe y la convicción religiosa de la persona humana, un fuero que el Estado no puede invadir, bajo el pretexto de regular o impedir excesos, abusos, discriminaciones, actos contrarios a los derechos humanos, o actos de proselitismo político, por cuanto todos estos actos ilícitos están regulados por leyes especiales, en particular en el Código Penal y en la Ley General de Elecciones.

El artículo 323 del Código Penal tipifica como delito de discriminación el que toda persona cometa contra otro por cualquier motivo, ¿por qué crear una ley para sancionar de modo diferente a los líderes de las iglesias cristianas evangélicas en base a una prohibición que no tiene justificación por la naturaleza de la Iglesia cristiana evangélica cuyos principios excluyen los excesos, abusos, discriminaciones o actos contrarios a los derechos humanos?; por cuanto la base jurídica de los Derechos Humanos reconocidos por todos  los Tratados Internacionales de Derechos Humanos, son los Principios cristianos.

 

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Es por tanto evidente que, si en alguna supuesta iglesia evangélica se producen actos contrarios a los Principios cristianos que están expuestos claramente en la Biblia, que transgreden las normas de la moral pública, estaremos ante hechos ilícitos o de contenido penal que ya están previstos en el Código de la materia, no requiriéndose ley distinta que penalice o prohíba de modo especial y discriminatorio a las iglesias evangélicas, existiendo norma penal de carácter general que ya lo hace.

Ante los hechos ocurridos recientemente con un líder religioso, que ha demostrado no haber estado actuando conforme los principios cristianos,  por la exposición de los hechos en los medios de comunicación, se puede concluir en que ha cometido delitos de estafa y grave daño moral a una persona con el agravante de haber sido una persona que ejercía autoridad espiritual sobre la afectada, delito tipificado por el artículo 196 del Código Penal y cuya indemnización está regulada por el artículo II, 1984 y 1985 del Código Civil.

Quiere decir, que los actos ilícitos que se vienen propalando por los medios de información respecto a la conducta que tienen algunas personas que se dicen pastores evangélicos, como también algunos sacerdotes, están claramente tipificados como delitos en el Código Penal, no existiendo justificación para crear una nueva norma legal que establezca prohibiciones y/o sanciones que la ley penal ya ha previsto; salvo que se busque legislar de modo discriminatorio a las iglesias cristianas con el fin de facilitar la persecución de la profesión de esta fe religiosa lo que no está permitido por la Constitución y más bien está prohibido por el art. 103 de su texto:

“Artículo 103.- Pueden expedirse leyes especiales porque así lo exige la naturaleza de las cosas, pero no por la razón de la diferencia de las personas.”

Esto, implica que está constitucionalmente prohibido legislar discriminatoriamente por razón de la dedicación de las personas, por ejemplo, a profesar una fe religiosa.

Cuando el proyecto de ley que pretende modificar la Ley de Libertad Religiosa 29635 dice lo siguiente:

"Artículo 16.- Establecimiento de las entidades religiosas 

Las entidades religiosas se establecen en el país bajo la libertad que les brinda la Constitución Política del Perú.

Se rigen bajo los principios, valores, cultura y prácticas democráticas, prohibiéndose prácticas autoritarias, abusivas, discriminatorias y contrarias a los derechos de las personas, así como actividades de proselitismo político.

Su establecimiento y autorización se rige conforme al reglamento de la presente ley”.

Está sujetando la libertad religiosa de establecer una iglesia cristiana evangélica a la aprobación del Estado, y a someterse a “principios y valores democráticos”, que no se explican cuáles son y reflejan un lenguaje que se viene utilizando para imponer la agenda de género y falsa democratización de la cultura en contra de los principios y valores cristianos de la nación, lo cual desnaturaliza por completo el ejercicio libre de este derecho fundamental de toda persona, puesto que es una decisión y convicción de carácter personalísima, que contiene otros derechos fundamentales en su ejercicio como: la libertad de pensamiento, la libertad de creencias, la libertad de convicción espiritual y moral, y la libertad de expresión, no pueden pues estar sujetas a la aprobación de un tercero, así sea el Estado, a quien no le compete la facultad de invadir la intimidad del pensamiento y la fe de las personas, y muchos menos coactar, limitar o impedir el ejercicio de estos derechos.

 

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Más aún cuando la decisión de constituir una iglesia cristiana debe ser, no una decisión volitiva del se humano, sino un acto de obediencia al Dios de la Biblia, cuya instrucción de fundar una iglesia no puede someterse al designio de los hombres.

Cosa diferente es que personas inescrupulosas constituyan una falsa iglesia con fines ulteriores, de aprovechamiento indebido de los fieles, lo cual es delito de estafa, y está penalizado por el artículo 196 del Código Penal, no requiriéndose más ley para su investigación y sanción penal.

La prohibición de hacer proselitismo político en las iglesias está regulada por la Ley General de Elecciones 26589, no requiriéndose tampoco ley adicional al respecto. 

Se advierte, por tanto, en este apresurado proyecto de ley, la pretensión de reponer los fines del derogado Decreto Legislativo 1323, pero con nombre propio y manifiesta intención de intervenir las iglesias cristianas evangélicas, algo que no se puede permitir por ser vulneratorio del art. 103 de la Constitución y de los derechos humanos concomitantes al ejercicio del derecho fundamental a la libertad religiosa.

La presencia de los representantes de organizaciones antiguamente consideradas cristianas como el CONEP y UNICEP, en la conferencia de prensa que presentó este proyecto de ley, revelan el interés de estas entidades de obligar a las iglesias cristianas a inscribirse en éstas, en contra del derecho a la libertad de asociación, que en el caso de las iglesias cristianas no es el resultado de una decisión volitiva de sus representantes, sino que lo hacen por convicción espiritual.

Tanto el CONEP como UNICEP han pasado por el abandono de la mayor parte de iglesias evangélicas verdaderas, debido a su postura a favor de la ideología de género en la educación, en el primer caso, y a la posición neutral de la segunda, lo que ha obligado a las iglesias a retirarse de estas organizaciones, porque tales posturas anticristianas revelan que han perdido el respeto por la defensa de los principios de Dios revelados en la Biblia, habiendo perdido en consecuencia su razón de ser y no representar ya más a la Iglesia Cristiana Evangélica en el Perú.

No se puede obligar a una iglesia cristiana a inscribirse en un registro oficial para ejercer su derecho a profesar la fe cristiana, tampoco se le puede obligar a inscribirse en organizaciones para- eclesiásticas que no tiene la representatividad espiritual que debieran tener, porque tales actos son abuso de las facultades legislativas que la Constitución prohíbe, y lesionan con la naturaleza espiritual de la profesión de una fe, la cual responde al fuero de la convicción espiritual del ser humano, un ámbito donde el Estado no puede legislar.

Al respecto el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos establece:

"Artículo 18

  1. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión; este derecho incluye la libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección, así como la libertad de manifestar su religión o sus creencias, individual o colectivamente, tanto en público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza.
  2. Nadie será objeto de medidas coercitivas que puedan menoscabar su libertad de tener o de adoptar la religión o las creencias de su elección.
  3. La libertad de manifestar la propia religión o las propias creencias estará sujeta únicamente a las limitaciones prescritas por la ley que sean necesarias para proteger la seguridad, el orden, la salud o la moral públicos, o los derechos y libertades fundamentales de los demás.
  4. Los Estados Partes en el presente Pacto se comprometen a respetar la libertad de los padres y, en su caso, de los tutores legales, para garantizar que los hijos reciban la educación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias ”

¿Está el Estado cautelando la vida y la integridad de los millares de jóvenes involucrados en sectas satánicas que están mutilando sus cuerpos,  practicando rituales con sacrificios humanos, deformando sus rostros como animales con tatuajes y cirugías practicadas clandestinamente, que deambulan por las noches a practicar sus ritos de sangre y orgías sexuales en los locales desocupados o alquilados a este efecto y pintan de madrugada las paredes y muros de las calles con símbolos satánicos de destrucción, caos, violencia, y muerte, anunciando la imposición del reino de las tinieblas en el Perú?

¿Está cautelando el Estado la integridad de los niños peruanos cuando millones están siendo adoctrinados en ideología de género en la escuela por disposición del Ministerio de Educación bajo el falso lema de la igualdad, que tiene por objeto destruir la identidad verdadera de los niños, producirles disforia de género, introducirlos en relaciones sexuales promiscuas y homosexuales desde la edad más temprana, a fin de quebrarles la integridad, despojarlos de su dignidad humana y convertirlos así en esclavos del Nuevo Orden Mundial, que la está utilizando como herramienta de dominación cultural, política, económica y social de las naciones?

¿Está cautelando el Estado la integridad de los niños, jóvenes y adultos sumidos en juegos virtuales y películas de violencia, terror y muerte, que los están alienando, ocasionándoles enfermedades mentales, introduciéndolos en violencia, asesinatos y delincuencia, y discapacitándolos para la vida?

¿Está cautelando el Estado la proliferación de sectas satánicas y la promoción del anticristianismo como religión oficial a través de sus decretos legislativos imbuidos de la ideología o enfoque de género, disfrazada de falsos derechos humanos que están yendo en contra de los derechos humanos verdaderos ya reconocidos por los Tratados Internacionales y nuestra Constitución?

La respuesta lamentablemente es NO, porque las políticas de este gobierno, violando su deber constitucional de preservar la cultura v la moral de la nación, van precisamente en contra, están dirigidas a quebrar la cultura peruana y la base que sustenta su moral pública: el cristianismo.

Este proyecto debe ser rechazado por inconstitucional y vulneratorio de los derechos fundamentales inherentes al ejercicio del derecho a la libertad religiosa y por estar claramente dirigido a intervenir a las iglesias cristianas, perseguirlas e impedir su funcionamiento, como viene ocurriendo en otros países con leyes similares, a fin de imponerse la agenda de género como herramienta de dominación cultural, política, económica y social de las naciones.

 

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