POLíTICA:

Minedu habría vulnerado derechos de niños y padres de familia con textos escolares obscenos, advierte informe del Congreso

Comisión de Educación identifica una serie de indicios de responsabilidad política, administrativa y penal en las gestiones investigadas.

Flor Pablo Medina, actual titular del Minedu. Fotografía: GEC.


Redacción La Resistencia
2019-07-25 10:43:26


El informe final de la Comisión de Educación del Congreso de la República (presidida por la legisladora Milagros Salazar) sobre las irregularidades detectadas en los textos escolares, encontró responsabilidad política en los exministros de Educación Patricia Salas, Jaime Saavedra, Marilú Martens, Idel Vexler y Daniel Alfaro, así como en la actual titular del Minedu, Flor Pablo Medina, por incumplir con sus obligaciones de formular una adecuada política pedagógica nacional.

Los resultados de la investigación identificaron una serie de indicios de responsabilidad política, administrativa y penal en las gestiones investigadas, así como en la presunta vulneración de diversos derechos tanto de los padres de familia como de los hijos.

 

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Con respecto al delito de omisión y retardo de funciones en la falta de revisión e implementación de medidas correctivas de los libros, en el caso de las publicaciones obscenas, se encuentran como autoras a la ministra de Educación, Flor Pablo; la viceministra de Gestión Pedagógica, Ana Patricia Andrade Pacora; la viceministra de Gestión Pedagógica, Susana Helfer Llerena; María Ysable Curay Criollo, directora de Educación Secundaria, y Cecilia Pilar Carrión Rueda, asesora del viceministerio de Gestión Pedagógica.

Sobre el delito de publicaciones obscenas agravadas por inclusión de ‘links’ con contenido sexual inapropiado en libros escolares, se precisó como presuntas responsables en su calidad de coautoras a Ariella Villafana Pino, responsable de la revisión técnico pedagógico, y Rossana María Zurita Silva, responsable del área de asesoría pedagógica.

En el delito de apología al aborto por inclusión de ‘links’ con contenido inapropiado en libros se encontró como autora a Ariela Villafana Pino.

 

 

En cuanto a la vulneración del derecho de los padres en la educación de sus hijos, en consonancia con compromisos internacionales, durante el periodo de Patricia Salas se han detectado infracciones en los textos concernientes a la Persona, Familia y Relaciones Humanas para primero de secundaria; 2da edición 2012; Persona, Familia y Relaciones Humanas, 2do de Secundaria, 2da edición 2012, y propuesta para la formación de docentes en educación sexual integral en 2012.

A Jaime Saavedra se le encontró por dichas vulneraciones en  la Guía de la Educación Sexual Integral para docentes de nivel primaria en el 2014.

En la gestión de Daniel Alfaro también se encontraron infracciones en los textos de Desarrollo personal, ciudadanía y cívica, 3ro de Secundaria, edición diciembre 2018; Desarrollo personal, ciudadanía y cívica del 3ro y 4to de Secundaria, edición diciembre 2018.

Sobre la trasgresión de diversas normas constitucionales, en la administración de Patricia Salas se han evidenciado en la Propuesta para la formación de docentes en educación sexual integral 2012.

Respecto de Jaime Saavedra, se le encontró responsabilidad en la Guía de Educación Sexual Integral para docentes de nivel primaria 2014.

En cuanto a  Daniel Alfaro, ello queda demostrado en el Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica 2do de Secundaria, edición diciembre de 2018, así como en el de desarrollo personal, ciudadanía y cívica del 3ro de Secundaria, edición diciembre de 2018.

La vulneración de la libertad de enseñanza con la aplicación del concepto de género queda evidenciada en el texto Persona, familia y Relaciones Humanas del 1ro de Secundaria, 2da edición, y propuestas para la formación de docentes en educación sexual integral 2012, con responsabilidad de Patricia Salas.

Jaime Saavedra es también responsabilizado en irregularidades en el Currículo Nacional de Educación Básica Regular 2016 y Daniel Alfaro en el texto de Desarrollo Personal, Ciudadanía y Cívica – 2do de Secundaria, edición diciembre de 2018.

La vulneración al derecho a información adecuada en el tratamiento del terrorismo en el Perú se puede detectar en el caso de Jaime Saavedra en los siguientes textos: “Campo de conocimiento: Humanidades – Guía para el estudiante N° 4 – Ciclo Avanzado. Segunda edición junio 2014. Segunda reimpresión mayo 2016. Historia, Geografía y Economía, 5to grado de secundaria. Editorial Santillana, primera edición 2015”.

Y en Daniel Alfaro se denota lo mismo en la “Historia reciente del Perú. De 1960 al Bicentenario. Cartilla de Ciencias Sociales. Primera edición diciembre de 2016”.

El informe señala que el principal resultado del trabajo de investigación sobre materiales educativos ha evidenciado que, durante el período de julio de 2011 a la fecha, el sistema contemplado en la Ley General de Educación no ha implementado la Política Pedagógica Nacional en las diferentes gestiones ministeriales investigadas.

 

 

La carencia de la Política Pedagógica ha ocasionado descoordinaciones y falta de control entre quienes formulan dichas políticas y quienes las implementan, deviniendo en una gestión meramente operativa y sin responder a los fundamentos del sistema educativo del país, añade el informe de la comisión investigadora.

“Se ha podido constatar que las irregularidades presentadas en los textos escolares desde la gestión de la exministra Patricia Salas, hasta la del exministro Daniel Alfaro (al cierre de este informe el exministro Daniel Alfaro fue el último en elaborar y adquirir textos escolares), abarcan desde errores tipográficos y pedagógicos, hasta contenidos inapropiados de naturaleza sexual e ideológica”, se indica.

Además, enfatiza en las serias evidencias de que estos cuestionables contenidos guardarían relación con el perfil personal de algunos funcionarios con alto protagonismo dentro del Minedu.

“Por ejemplo, la afinidad por la distorsión conceptual del género, la férrea promoción de educación sexual integral sin la debida autorización de los padres de familia y la inclinación por el desprestigio general de las Fuerzas Armadas en la época del terrorismo, son las principales tendencias que se han podido constatar a través de las declaraciones brindadas en las sesiones (públicas y reservadas) que esta comisión investigadora ha realizado”, se especifica.

Enfatizan que la forma de enseñar educación sexual integral por parte del Estado ha vulnerado el derecho preferente de los padres sobre la educación de sus hijos. Esto, porque al pretender enseñar una educación sexual que se atribuya la facultad de persuadir a los menores para que vivan su sexualidad dentro de una cosmovisión particular no acorde a los principios inculcados en casa, o que la vivan de forma prematura sin considerar su desarrollo progresivo, se estaría violentado, sin lugar a dudas, el derecho prioritario de sus padres a educarlos conforme a sus convicciones y creencias.

“El interés del Ministerio de Educación en introducir enfoques transversales sin reconocer el respeto por la libertad de los padres de familia y de los propios estudiantes, se ha constituido en un atentado contra su derecho humano, ya que al anteponerse una creencia, doctrina o dogma contrarios a sus creencias, así tenga fines altruistas, se restringe el ejercicio de tan vital derecho para el fortalecimiento de un Estado democrático”, se señala.

 

Recomiendan a la Fiscalía investigar los indicios de ilícitos penales

 

La Comisión de Educación recomienda a la Fiscalía de la Nación que investigue los indicios de ilícitos penales y eventualmente merite otros delitos; asimismo, añaden que solicitarán al pleno del Congreso facultades de grupo investigador para continuar con este trabajo indagatorio.

Según la  investigación congresal, las ONG no solo actúan con total independencia, al margen del Estado, sino además usufructúan de los recursos de este, en consultorías y otras modalidades a veces irrelevantes, sino, además, contrarios al interés de la comunidad educativa. Y el financiamiento que reciben de las entidades cooperantes, generalmente tienen agenda propia, colisionando muchas veces con las políticas de Estado, porque alientan postulados distintos, como el de género, entre otros.

También el informe final de la Comisión de Educación señala que en el actual Currículo Nacional 2016 se omite la identificación de situaciones de violencia terrorista, sus cabecillas y cómo estos atentaron y atentan contra los derechos de las personas y la seguridad ciudadana.

 

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